CHILPANCINGO. 19 DE MAYO DE 2007
El megaproyecto hidroeléctrico “La Parota” ha provocado desde los primeros intentos de aprobación, una fuerte reacción opositora, que ha originado un conflicto creciente, cuyas repercusiones son ya de índole nacional e internacional. El escalamiento del conflicto ha dejado un saldo ya de cuatro muertos, numerosas movilizaciones en contra y a favor del proyecto, así como varios litigios en los distintos tribunales. El conflicto involucra a distintas instancias del Estado mexicano frente al movimiento opositor e innumerables actores secundarios. El nivel de impacto del mismo proyecto nos habla de repercusiones culturales, económicas, sociales y ambientales que van mucho más allá del ámbito local. Hoy, el conflicto por la presa “La Parota” requiere de la mayor participación civil, social y política para lograr caminos de solución.
Por todo ello, y en especial, por el creciente riesgo de escalamiento del conflicto, nosotras, nosotros, organismos civiles nos hemos articulado como una Misión Civil de Observación alrededor del Conflicto “La Parota”. La observación de la sociedad civil, nacional e internacional en otros momentos y conflictos en México, se ha constituido como un actor importante para visibilizar, denunciar y opinar alrededor de conflictos y procesos específicos. La observación y la participación de la sociedad civil han ido constituyéndose, en la historia reciente de nuestro país, como procesos cada vez más aceptados e incluso necesarios para la construcción de un México más justo, libre y democrático. La observación electoral, la observación de derechos humanos son ampliamente aceptadas y reconocidas por gobiernos, medios de comunicación, actores sociales políticos y económicos en todo el planeta. Sólo en contextos autoritarios las labores de observación, documentación y denuncia de l@s observadores es obstaculizada o prohibida.
La Misión Civil de Observación somos una amplia plataforma de organizaciones y redes de la sociedad civil nacional e internacional, cuya principal preocupación es la posibilidad de la violación de los derechos humanos fundamentales de los actores sociales en conflicto. Conformada recientemente por alrededor de 30 reconocidos espacios, redes y organizaciones de la sociedad civil, esta es la segunda visita que como cuerpo colectivo realizamos al Estado de Guerrero a verificar y testimoniar las condiciones en que se desarrolla esta nueva etapa del conflicto.
Integrada por organizaciones civiles, sociales, eclesiales, ambientalistas, de mujeres y espacios defensores de los derechos humanos, tenemos como tarea principal observar, vigilar y documentar el proceso del conflicto, en sus formas específicas - como el proceso de aprobación del proyecto a través de las asambleas agrarias- así como en sus características generales, monitoreando y vigilando que la actuación del Estado se realice dentro del marco de la ley, y en todo momento estando presentes para verificar cualquier violación a los derechos humanos; siendo a la vez un mecanismo de alerta nacional e internacional sobre los riesgos o hechos de posible violencia en el proceso. La Misión no busca intervenir en el desarrollo directo del proceso mismo. Sin embargo, en todo momento la Misión Civil de Observación emitirá sus reportes, su opinión, y sus recomendaciones sobre el proceso con total autonomía y libertad.
La Misión realiza esta segunda visita como respuesta a los posibles riesgos que implica el proceso de aprobación a través de las asambleas agrarias, y en específico, la asamblea convocada para este domingo en uno de los principales núcleos agrarios (Comunidad de “El Bejuco”) que serían afectados por el proyecto. Las y los integrantes de la Misión Civil de Observación deseamos alertar a la sociedad civil nacional e internacional, a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre los siguientes temas estratégicos sobre el proceso:
. La Misión conoce el procedimiento y condiciones en que distintas asambleas agrarias se llevaron a cabo en los años recientes hacia la aprobación del megaproyecto hidroeléctrico La Parota. La Misión ha recibido la información de que al menos dos de cuatro de esas asambleas han sido anuladas por los procedimientos irregulares e ilegales en las que se llevaron a cabo (Asambleas de “Los Arroyos” y “San Marcos”). La Misión desea externar su preocupación porque en nuestra primera visita pudimos corroborar que estos procedimientos irregulares no se han detenido. Consideramos que cualquier acción hacia la aprobación que intente forzar, acelerar, o manipular las condiciones para la aprobación sólo logrará aumentar la tensión y la polarización entre las partes, aumentando los riesgos para todas y todos los involucrados. Nos preocupa que estas acciones ilegales constituyan una estrategia de aprobación a toda costa, soslayando los enormes costos sociales y políticos que ello conlleva. La misión hace un llamado a que se abandonen los procedimientos ilegales e irregulares como mecanismo de aprobación del proyecto. Estos sólo abonan al encono y la confrontación.
2. La Misión conocemos las condiciones de presencia y actuación policiaca que marcaron la realización de asambleas anteriores. Esperamos la prudencia de las autoridades y el cumplimento de la palabra de las mismas de NO enviar cuerpos policiacos a la realización de la asamblea de este domingo. La participación de los cuerpos policiacos en un evento civil, público y de carácter agrario sólo aumenta los riesgos de enfrentamiento. Consideramos a su vez, que la no participación de las fuerzas públicas del orden NO garantiza necesariamente la legalidad de las asambleas. La mejor forma de garantizar el orden será a través del respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Estas, aún sin policías, deberían enmarcarse en la legislación vigente. Nos preocupa además que ante un posible escalamiento y polarización sea la respuesta autoritaria y represiva el mecanismo de respuesta de las autoridades la que defina el curso del conflicto. Llamamos de manera urgente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado a abandonar de antemano, cualquier estrategia represiva o de fuerza para contener la oposición al proyecto.
. Lamentamos que el proceso de aprobación del proyecto se esté realizando sin la información y discusión pública necesarias que requiere una decisión que reordenaría por completo la vida en la región, y que está vinculada a discusiones y necesidades nacionales. Lamentamos que las autoridades no hagan transparente esta iniciativa gubernamental, especialmente frente a los afectados. Nos preocupa que estas iniciativas con un alto costo ambiental, cultural y social se decidan sin la participación ciudadana. Nos preocupa que no hayan sido respondidas a cabalidad las recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas referidas en especial a una CONSULTA APROPIADA, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Llamamos a las autoridades a reconocer los parámetros de dicho convenio como marco de consulta, a cumplir las recomendaciones del comité, y en especial a responder al fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua sobre su recomendación de cancelación del proyecto. Lamentamos que las autoridades omitan, soslayen las opiniones de estos importantes organismos internacionales. Nos preocupa que el proceso de aprobación haya detonado un proceso de confrontación comunitaria y de destrucción del tejido social fomentando una gran polarización que pudiese volver a derivar en nuevos actos violentos.
. Exigimos a las autoridades faciliten las labores de observación que dentro del marco de la ley realiza nuestra Misión. Exigimos las garantías de seguridad para nuestra labor de presencia, documentación y denuncia que en cualquier estado democrático debe asegurar. Hacemos responsables a las autoridades de la integridad física de todos los integrantes de la Misión. En el marco de las recientes agresiones civiles a movimientos civiles que han sido documentados ampliamente por organizaciones internacionales, llamamos a las autoridades a respetar el derecho a la libre manifestación y actuar con apego irrestricto a los derechos humanos. Así mismo llamamos a las partes, a resolver el conflicto por vías pacíficas y políticas. Exhortamos a todos los campesinos, familias, y vecinos afectados a detener la polarización y la tensión. Llamamos a la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) la respetar las restricciones legales que les prohíben continuar cualquier obra en la zona de afectación. Llamamos a la sociedad civil guerrerense, nacional e internacional a permanecer en un alerta urgente frente a la realización de la Asamblea de este domingo.
MISION CIVIL DE OBSERVACION
LA PAROTA 2007
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Calpulli Tlatoani
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Estudios Sociales y culturales Antonio Montesinos
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)
Coalición Ecologista Maderas del Pueblo del Sureste
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA);
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Comité Ollín Mexica
DECA Equipo Pueblo
Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPI-I
Food First Internacional Action Network. Oficina México (FIAN México)
Intercongregacional Justicia, Paz y Vida
Espacio de coordinación sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos (MAPDER)
RADAR
Red género y Economía
Red Género y Medio Ambiente
Red Nacional de Organismos Civiles, “Todos los derechos para todos y todas”
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
Paulina Fernández; Álvaro Urreta,
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decir sin hipocresía que vivimos en un país democrático.
